IU RECURRE LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO APROBANDO EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS PROVINCIAL

En el día de hoy, el Diputado Provincial por Guadalajara de Izquierda Unida, Francisco Riaño, ha presentado ante el Registro General de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara un Recurso de Reposición dirigido a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, organismo público que autorizó a la Diputación Provincial de Guadalajara la contratación de la recogida de residuos sólidos urbanos de carácter domiciliario a nivel provincial, "con la intención de comprobar si el Estado conoce todos los elementos de este servicio y su contratación, ya que a IU no se le ha facilitado toda la información y tenemos enormes dudas de que se haya aprobado este expediente de manera correcta y transparente", declaró Riaño.

"Para IU, la recogida de basuras en la provincia es claramente mejorable", ha manifestado el Diputado Provincial por Guadalajara de Izquierda Unida, Francisco Riaño, tras la presentación de este Recurso, quien ha proseguido señalando que "24 mancomunidades y un buen número de municipios que no están integradas en ninguna de ellas con sus consecuentes rutas, seguramente no sea la fórmula más eficiente, y hay mucho por mejorar sobre todo en cuanto a racionalización de las rutas; pero de esto a que se cree un servicio provincial de basuras impuesto por la ley antiayuntamientos y sin un diálogo real, va un trecho". "Además", ha señalado el Diputado Provincial de IU, "el PP ha desaprovechado lo que podría haber sido una buena idea, si se hubiera hecho buscando el consenso y con el esfuerzo de todos, mediante un diálogo impulsado por la Diputación, pero desde el respeto y en pie de igualdad con el resto de entidades locales", refiriéndose a la creación del servicio provincial para la recogida de RSU en la Provincia hecha a principios de este año y tras más de dos años de proyecto que no acababa de cuajar.

El Recurso presentado ahora por IU está basado en que no se ha contado con toda la información, en que faltan o no aparecen informes que debían integrar el expediente administrativo, como el informe de estudio de costes externalizado a la empresa ASEMURBE, S.L., y en que la propia base del proyecto, que son los municipios adheridos al mismo, no son los que se comunicó a la Secretaría de Estado para su aprobación. "Tenemos dudas de que el Estado haya autorizado un proyecto sin conocer toda la verdad", ha remarcado Riaño al presentar este Recurso, "ya que cualquier variación en el número de pueblos en la adhesión inicial a este servicio provincial de recogida de RSU, haría que se reformularan todos los costes y cálculos que el Estado autorizó para que se pueda crear este servicio y la consecuente contratación del mismo", como ya ha ocurrido al saberse que 8 municipios de la Mancomunidad "Alto rey", incluidos en el listado de adhesiones inmediatas a dicho servicio provincial, han remitido una carta a la Diputación para que no se les tenga por tal, ya que no se resolvieron sus dudas para adoptar una decisión firme en sus Plenos.

No queda claro tampoco qué pasa con las mancomunidades y los costes que van a tener si unos ayuntamientos se quedan en la misma y otros se van y se integran en el servicio provincial, "aspecto este fundamental también para calibrar el montante económico que supone la puesta en funcionamiento del servicio provincial de recogida de residuos", ha señalado Riaño, observando que en la memoria de dicho proyecto este aspecto no se contempla y deja en dudosa viabilidad futura a las mancomunidades que no cuenten con la totalidad de sus miembros actuales, "lo que supone una desintegración de facto de las mancomunidades", ha matizado el Diputado Provincial de IU.

Otro aspecto relevante al que se hace referencia en el Recurso de Reposición dirigido a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas presentado por IU, es el relativo al coste efectivo para los Ayuntamientos que se integren en el servicio provincial de recogida y que viene establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas que se aprobó ya en el Pleno del pasado día 30 de septiembre, ya que se coge como referencia el número de personas censadas en los municipios y no el número de inmuebles dados de alta en el padrón tributario de basuras, "lo que supone una distorsión con la realidad y se hace pagar a los pueblos más pequeños hasta un 30% más por el mismo servicio que prestan ahora, lo que pone en duda la eficiencia del propio servicio", ha finalizado Riaño.